IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - May/June 2020 - 51

última instancia y es un fracaso de la regulación del
monopolio.
✔✔ Un costo referencial de capital igual al 10 % (antes de
impuestos y suponiendo que no hay apalancamiento)
que se fija por ley (para las empresas modelo) puede
no reflejar adecuadamente 1) las condiciones del mercado en el momento del control y 2) los riesgos de las
empresas reales, incluidos los que impone el enfoque
de la remuneración. Este problema debe solucionarse
calculando los costos de capital apropiados cada vez
que se determinen las tarifas.
✔✔ Dentro del periodo de control, no hay diferenciación
entre los costos que las empresas de distribución pueden y no pueden controlar. Por lo tanto, todas las variaciones de los costos reales, incluso las que no pueden ser gestionadas por las empresas, se transfieren a
los propietarios de la red. Esto aumenta el riesgo para
los inversionistas, sin un beneficio claro.
✔✔ A pesar de su complejidad, el mecanismo de remuneración es, en términos prácticos, demasiado aproximado (se basa en una pequeña muestra de empresas,
promedia los resultados de diferentes fuentes con el
método de dos tercios y un tercio, utiliza empresas
modelo simplistas totalmente nuevas, etc.). Incluso
para una misma empresa, los resultados pueden variar demasiado, dependiendo de quién los determinó
(la autoridad o la empresa; véanse los valores y sesgos
en la figura 6). Esto implica que el propietario de una
red puede concretar un costo de capital menor o mayor
dependiendo de la aleatoriedad inherente del proceso, y no de los esfuerzos corporativos para reducir los
gastos.
✔✔ No hay coherencia entre la distribución de los costos
de capital de los propietarios de las redes y las eficiencias. Siguiendo el principio de la comparación de
empresas similares a través de la regulación de criterios, las empresas con mayor eficiencia deberían
recibir mayores rendimientos. Esto no ocurre con el
enfoque de remuneración de Chile, que no mide las
ineficiencias relativas de las empresas para imitar la
competencia real.
✔✔ Una cuestión importante es la falta de participación de
los interesados, en la que las partes contribuyen con
sus observaciones y propuestas mediante un proceso
avanzado de planificación y remuneración. En el marco actual, no está claro cómo se podrían remunerar
adecuadamente las decisiones entre las empresas y las
partes interesadas para mejorar el servicio de distribución (por ejemplo, la instalación de nuevos activos
acordados entre las partes interesadas para aumentar
la calidad del suministro).
El camino a seguir

Dado que el régimen de control de precios en Chile ha permanecido casi intacto durante casi cuatro décadas, existe el
mayo/junio 2020

consenso de que deben actualizarse algunas de sus características. A pesar de este acuerdo, hay fuertes debates sobre
el nivel de cambio necesario. Aunque se está cuestionando
el enfoque actual a la luz del nuevo paradigma, existe un
grupo de expertos que lo defiende, apoyando sus argumentos sobre todo en la simplicidad del sistema y su bajo costo
de implementación. El grupo prevé pequeños cambios en la
remuneración de la red. Una posición contraria respalda un
cambio más radical hacia métodos de remuneración basados en incentivos, tales como Ingresos = Incentivos + Innovación + Suministros en el Reino Unido, que reconoce y
aborda los desafíos asociados con el nuevo paradigma. Sin
embargo, esos enfoques impondrían una mayor complejidad
y exigirían un mayor esfuerzo de parte de los reguladores
para comprender los costos y las decisiones de las empresas reales. La respuesta de Chile probablemente se encuentre entre los dos extremos. El debate incluye interrogativas
como: ¿Hasta qué punto hay que reconocer los costos reales
en el proceso de remuneración? ¿Cuál sería la nueva función,
el conjunto de tareas y la carga para los reguladores?
Es posible que sea necesario mantener algunos principios subyacentes del método de remuneración de Chile para
facilitar la transición. Tal vez sea necesario reconocer parte
de los costos reales de las empresas (por ejemplo, mediante
el uso de una empresa modelo "brownfield") para fomentar las inversiones en calidad y confiabilidad y otros resultados deseables de los servicios de distribución, así como
para compensar a los inversionistas por parte del riesgo que
afrontan. El reconocimiento de las necesidades y los costos reales de las empresas aumentaría la carga de escrutinio
de los reguladores y posiblemente su responsabilidad en las
decisiones de inversión futuras. Una de las principales preocupaciones se refiere al alcance de la captura normativa que
podría producirse, ya que las empresas de redes poseen más
pericia técnica sobre el funcionamiento y la planificación de
redes.
Abordar el problema de las asimetrías de la información
es fundamental, y puede requerir un enfoque diferente del
paradigma de la empresa modelo, en el que prácticamente se
ignoran los costos reales de las empresas. Se han producido
importantes avances que buscan incentivar la calidad de la
información que las empresas proporcionan a los reguladores y que se lograron ofreciendo un menú de contratos (véase
la sección "Lecturas complementarias"), lo que puede aportar información para el futuro debate en Chile.

Brasil
El marco normativo
La capacidad de generación instalada en Brasil es de aproximadamente 167 GW (en el año 2019), con un consumo anual
de energía de 472 TWh (en el año 2018), suministrando a
84.6 millones de usuarios (en el año 2019). Los consumidores
en Brasil se dividen en dos grandes grupos: 1) los consumidores libres, que negocian bilateralmente la energía y pagan
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