IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - July/August 2023 - 87

Los gobiernos gastaron miles de millones de euros, lo que
representa varios puntos porcentuales de su producto interno
bruto, en proteger a los consumidores y a la industria de los
precios altos.
para las FER tampoco están diseñados como protección ante
problemas de asequibilidad, pero algunos tipos de apoyo para
FER lo están, más por coincidencia que por diseño. Por ejemplo,
en los contratos por diferencias (CFD, por sus siglas en
inglés), los generadores de FER venden su producción en el
mercado spot y reciben/pagan la diferencia entre el precio de
ejercicio acordado previamente y el precio de referencia. En
la actualidad, los niveles de los precios de ejercicio se suelen
encontrar por debajo de los precios spot promedio vistos el
año pasado. Como consecuencia, los ingresos importantes
se transfieren de los titulares de CFD a sus contrapartes, que
indirectamente (dependiendo de la normativa tarifaria) transfieren
(o deben transferir) estos ingresos a los usuarios finales.
Sin embargo, aparte de unos pocos casos registrados en
América del Sur (p. ej., Perú y Brasil), estos mecanismos
normativos se enfocan principalmente en promover la inversión
adecuada por el lado de la generación y, por lo tanto,
no cubren necesariamente las futuras facturas de electricidad.
En el contexto actual, la dificultad para los políticos y,
en general, el grueso de la población es entender cómo es
posible que no se previera igualmente algún tipo de cobertura
para la demanda en caso de que los precios pudieran
dispararse. Al confiar de manera implícita en la protección
gubernamental en caso de ser necesario (como lo ha confirmado
la crisis energética en la UE), los usuarios finales
han dejado en evidencia su constante falta de participación
en los mercados de futuros. La crisis también muestra que
ocurre lo mismo con varios minoristas. En cualquier caso, no
cabe duda de que el impacto directo de los niveles de precios
actuales en la situación financiera de ciertos tramos de consumidores
es un problema importante que debe abordarse.
Más allá de dicha consideración, este escenario de precios de
la electricidad nos recuerda otra amenaza de orden mayor: la
posible pérdida de confianza (y paciencia) en la clase política
(y los medios de comunicación masiva) en el marco de todo
el mercado. La probabilidad de que haya una reacción desmedida
tras una crisis de precios de esta naturaleza, que posiblemente
produzca un retroceso importante en el proceso de
descarbonización, no se puede seguir considerando como un
riesgo: es un hecho. La suspensión de los mercados en Australia
que tuvo lugar en el verano de 2022 puede tomarse
como otro ejemplo ilustrativo.
Los gobiernos reacios a los riesgos no pueden protegerse
directamente de ese riesgo, a menos que tengan una participación
en las empresas de generación eléctrica y redistribuyan
julio/agosto 2023
sus rentas inframarginales. Sin embargo, en el algunos países,
hacerlo implicaría la liquidación (forzada) de empresas privadas.
Además, en la UE, la redistribución directa de cualquier
renta a los consumidores de electricidad habría sido
una infracción a las normas de ayuda estatales vigentes hasta
la llegada de la crisis. La única forma razonable de cubrir el
riesgo, al menos en ese contexto,es introduciendo una protección
a nombre de los consumidores que se considere que
necesitan una protección de sus facturas. La introducción de
dicha protección mejoraría el bienestar público. El riesgo de
tener precios altos sostenidos se transferiría desde los consumidores
(e, indirectamente, el gobierno) reacios a los riesgos
hacia las partes del mercado menos reacias a esos riesgos que
puedan gestionarlos mejor. El riesgo transferido crearía un
incentivo para aquellas partes del mercado que se protejan
invirtiendo en activos de generación (p. ej., FER con almacenamiento)
y/o la compra de contratos de gas a largo plazo.
Posiblemente, se desataría una cadena de contratos de cobertura
a largo plazo, lo que llevaría a tener un funcionamiento
más eficiente del sistema eléctrico. Hasta ahora, la necesidad
de que los generadores se protejan de los precios excesivos del
gas es limitada, al menos en el mediano a largo plazo, dado
que pueden pasar directamente por los costos de los precios
altos del gas a través de los precios altos de la electricidad.
Una cuestión importante es saber si cada uno de estos
objetivos de políticas convenientes que los llamados " mercados
exclusivamente de energía " rara vez han demostrado
cumplir en su forma actual (adecuación de fuentes, descarbonización,
asequibilidad y otros que no discutiremos) requiere
o no su propio mecanismo de obtención y producto a largo
plazo. Pese a ser políticamente más difícil de mantener
debido a su complejidad adicional, la postura que tomamos
es que parece más adecuado abordar cada objetivo por separado.
Sin embargo, es difícil negar que hay efectos colaterales,
los pueden ser positivos o negativos; por ejemplo, el
apoyo para las FER destinado a la descarbonización posiblemente
mitigue los problemas de asequibilidad, aunque puede
empeorar los de adecuación (especialmente si se diseñan mal
los esquemas de apoyo para las FER). En este artículo nos
enfocamos en el problema de asequibilidad.
Diseño de productos de opciones de
asequibilidad
El objetivo del complemento normativo a largo plazo es
proteger al menos a algunas categorías de consumidores
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