IEEE Power & Energy Magazine - Spanish - September/October 2023 - 58

Las empresas de servicios públicos aíslan intrínsecamente los datos,
lo que dificulta mucho su intercambio, por temor a que intercambiar
ciertos datos pueda violar implícitamente la privacidad de los clientes.
el debate sobre los estándares de privacidad, así como en su
aplicación en el sector eléctrico. No obstante, en el sector
eléctrico y en el marco de los esfuerzos de normalización de
la Corporación de Confiabilidad Eléctrica de Norteamérica
para la Protección de Infraestructuras Críticas, actualmente
no está claro cómo utilizar de forma segura las infraestructuras
en nube y la virtualización, ni cómo deben trabajar las
empresas de servicios públicos en un modelo de seguridad
compartida con los proveedores de la nube. Esta falta de
claridad afecta a la capacidad de las empresas de servicios
públicos para avanzar en el aprovechamiento de la capacidad
de computación en nube en todas las partes de sus organizaciones.
Una evolución positiva que la industria debe vigilar,
sobre todo en el ámbito de la distribución, es la aparición de
protocolos IdC que pretenden establecer medidas de seguridad
de extremo a extremo. Estos protocolos IdC seguros
podrían resultar beneficiosos para los servicios en la nube
utilizados en aplicaciones de sistemas de control industrial.
Compromiso entre protección e intercambio
de datos
Cuando se considera la posibilidad de intercambiar datos
con protección estadística, existen dos configuraciones principales.
En la figura 2(a), describimos la situación en la que
los datos del cliente están protegidos antes de que un servidor
los agregue, lo que proporcionaría la mayor protección
al consumidor. Pero la visión predominante de la red es la de
un conservador de confianza, como se ve en la figura 2(b);
la propia empresa de electricidad; o un contratista. Las
empresas de servicios públicos aíslan intrínsecamente los
datos, lo que dificulta mucho su intercambio, por temor a
que intercambiar ciertos datos pueda violar implícitamente
la privacidad de los clientes. Además, el paradigma de seguridad
operativa por defecto durante las dos últimas décadas
ha sido proteger las redes de las empresas de servicios públicos
por razones de seguridad nacional. Aunque los reguladores
están exigiendo a las empresas de servicios públicos que
intercambien más datos, el miedo a intercambiarlos sigue
existiendo por razones muy relevantes, como la privacidad.
Como resultado, hay una presión a favor y en contra de intercambiar
que deja a las empresas de servicios públicos en una
posición intermedia.
Esta tensión pone a las empresas de servicios públicos
en un dilema: poner los datos a disposición de socios,
homólogos, proveedores, gobiernos federales y estatales e
incluso investigadores tiene un importante valor, pero también
conlleva riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Qué grado
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de intercambio de información es aceptable? ¿Qué controles
sobre el intercambio se consideran más aceptables para las
diversas partes interesadas, incluidos los controles legales,
técnicos y estadísticos? ¿Qué controles son aceptables para
los usuarios de los datos, ya que los controles técnicos y los
enfoques de anonimización también pueden hacer que los
datos sean esencialmente inútiles? A continuación, pretendemos
plasmar nuestras conclusiones sobre requerimientos,
mejores prácticas y recomendaciones para el futuro, con el
fin de que sirvan como material de consulta útil para las partes
interesadas y para el posterior desarrollo de estándares.
¿Por qué preocupa la confidencialidad?
Como ya se ha comentado en las secciones anteriores, el
intercambio de datos plantea graves problemas. Muchos de
esos problemas los imponen los organismos reguladores o
estatales. En general, estas conclusiones se derivan del temor
a que se haga un mal uso de los datos de la red a medida que
cambian de manos. Un ejemplo son los ataques físicos a equipos
de la red, como el incidente de la subestación de Metcalf
en 2013, o los ciberataques. En consecuencia, la normativa
suele indicar que esos datos no deben hacerse públicos. En
términos más generales, en los últimos años ha aumentado
el sentimiento de privacidad individual en muchos sectores,
al igual que las leyes y normativas específicas relativas a la
privacidad individual. Ejemplos notables son el Reglamento
General de Protección de Datos en Europa y la Ley de Privacidad
del Consumidor de California en Estados Unidos,
entre otros.
Sin embargo, muchos datos de la red eléctrica son públicos.
Cualquiera puede determinar la topología de una red de
distribución conduciendo y siguiendo las líneas eléctricas o
visualizando imágenes por satélite (por ej., Google Earth) o
terrestres (por ej., Google Street View). Se podría argumentar
que obligar a un atacante a conducir por los barrios para
seguir las líneas de transmisión o buscar en las imágenes en
línea podría elevar el nivel lo suficiente como para proteger
la red. Algunos argumentan que las líneas eléctricas deberían
eliminarse de Google Earth y Street View, pero esto pasa
por alto el hecho de que la información puede seguir siendo
accesible a través de fuentes alternativas, como Bing. Además,
como demuestran sitios como WikiLeaks, una vez que
los datos se hacen públicos, es difícil controlar su difusión
y es posible que sigan siendo accesibles aunque se eliminen
de determinadas plataformas. Intentar que la información
pública sea privada puede ampliar el grado de difusión de
esa información.
septiembre/octubre 2023
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